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En la medida que la educación superior es considerada como postobligatoria, admite mayor número de variantes en cuanto a quien efectiviza su provisión y con que mecanismos es financiada. Antes de comenzar su análisis, es conveniente tener en cuenta quién se beneficia con su aplicación y cuáles son sus costos. En tal sentido, se configuran beneficios y costos, individuales y sociales, características que ubican a la educación superior como un bien mixto. Esta condición, justifica quien debe ser responsable de su provisión. Al abordar la noción de eficiencia según la escuela económica que se trate, concluimos que, la eficiencia óptima del bien “educación superior”, en un sentido amplio e inclusivo, implicaría alcanzar un resultado tal que para mejorar el bienestar de un individuo no hubiera que empeorar el de otro, además parece destacable en este punto, tener en cuenta las altas externalidades y las preferencias reveladas por la sociedad por esta. Los criterios sobre los que se construyen las definiciones de bienes públicos y privados son los de rivalidad y/o exclusión y el de divisibilidad. En el caso de la Educación Superior, nos encontramos en un caso de este tipo, porque las plazas disponibles son limitadas (exclusión), existen beneficios individuales, así como sociales, cuya externalidad es indivisible y por otro lado en muchos sistemas se postula el acceso irrestricto a los claustros. Por otro lado, existen suficientes argumentos para considerar como preferentes algunas necesidad sociales - por encima de las estrictamente individuales, regidas por el mercado -, que justifican su fomento y abaratamiento, dentro de las que se encuentra la Educación Superior, entendida como un servicio complejo que integra funciones variadas - docencia, investigación y extensión -, más amplias que la formación profesional, de modo tal que su provisión y financiamiento tiene que tener un alto componente recursos públicos. Con el objeto de analizar otro criterio que permita encuadrar la provisión y el financiamiento de la educación superior, se desarrolla el concepto de equidad, más relacionado con la función del Estado tendiente a la más justa distribución de los ingresos y de las oportunidades económicas y sociales. Existen diversas clasificaciones de la equidad, la mayoría de los autores trabajan con tres categorías: equidad horizontal, equidad vertical y equidad intergeneracional (Musgrave, 1992). En relación con la educación aparecen dos categorías más vinculadas a su provisión y financiamiento: equidad interna y equidad externa (Levin, 1978). Los cinco conceptos enunciados no deben tomarse como compartimentos estancos. Es la aplicación del conjunto lo que permitiría la mejora de la distribución de la renta y de las oportunidades económicas y sociales en cualquier colectividad. La conclusión, hasta aquí, es que es imprescindible la participación mayoritaria de la financiación pública en al Educación Superior. Entrando a la cuestión final referida a la financiación, comenzamos por contextualizar a las instituciones universitarias en el “triángulo de coordinación” desarrolla por Clark (1983). Ahora bien, en la medida en que los recursos son siempre escasos y tienen múltiples usos alternativos, la decisión de cuánto asignar, cómo asignarlo y con qué finalidad, no tiene fácil respuesta. Los modelos, instrumentos y mecanismos empleados no son sólo una elección entre distintas opciones financieras, son también, una elección entre distintos sistemas educativos, entre diferentes opciones de eficiencia y equidad, entre opciones de cantidad y calidad de insumos, procesos y resultados y, a en definitiva, una elección entre distintas opciones de tipo de sociedad y de organización social en general. Manteniendo fuera de toda discusión, la independencia y autonomía de la institución académica y la de sus integrantes, la financiación de la educación superior debe contribuir, a incrementar la eficiencia y la equidad de la utilización de los recursos públicos, bajo estrictos criterios de máxima calidad. Esa es la manera en que cohesionadamente, detrás de un modelo de gestión basado en la dirección estratégica y la mejora continua de la calidad, la universidad, dará respuesta a lo que la sociedad demanda, atendiendo además a las mejores ofertas que provengan de sus académicos que trabajan en la permanente búsqueda de conocimiento que contribuya al desarrollo social y que rinda cuentas de los fondos públicos que se reciben. |
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